Hace un mes, mientras la atención mediática en Colombia estaba puesta en el trámite de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, los congresistas le asestaron un golpe, discretamente, a los encuestadores de opinión. Sin que los medios de comunicación o las empresas afectadas se dieran cuenta, aprobaron un proyecto de ley que establece todo tipo de regulaciones al sector. De acuerdo al texto, los encuestadores solo podrán publicar la intención de voto en elecciones cuando falten tres meses para las inscripciones de candidaturas, que suelen comenzar cuatro meses antes de los comicios. Tendrán, además, que tener márgenes de error menores al 3% en mediciones nacionales y entregar las respuestas individualizadas y anonimizadas al Consejo Nacional Electoral.
Para los políticos de diversos partidos que impulsaron la reforma silenciosamente, esta es una gran victoria de la democracia. Los encuestadores, por su parte, denuncian una vulneración del derecho a la información y preparan una demanda ante la Corte Constitucional: argumentan que el proyecto debió tramitarse como una ley estatutaria, con mayores exigencias para ser aprobado.
